Según la acusación del Ministerio Público, la operación se hizo «con desprecio total de las normas administrativas y legales», y se evitó «la posible concurrencia, licitación o intervención de terceros en términos de igualdad» y «con grave perjuicio al patrimonio público al enajenar un inmueble percibiendo [el patrimonio público] un precio considerablemente inferior al que le correspondía por su valor de mercado».
Según la Fiscalía, Pedro Pacheco y el entonces gerente de la citada empresa municipal, Miguel Ballesteros, «de común acuerdo y guiados para favorecer de manera arbitraria» a José Luis López Fernández y su socio en el proceso de enajenación de la antigua estación de autobuses, «realizaron los actos administrativos y las gestiones necesarias» para que les fuese adjudicada a través de la mercantil Ingeniería Jienense, S.L., «de la que eran los verdaderos titulares».
En este caso están imputadas siete personas: Pedro Pacheco, Manuel Ballesteros, José Luis López («El Turronero», Francisco Chaves y tres supuestos testaferros (Joaquín López, Ángel Monereo y Vicente Cervera).