El comunicado de IU continúa: «No obstante el retraso en la firma, no ha impedido a la empresa municipal PROUVISA el asumir los compromisos recogidos en dicho convenio y de participar en las acciones formativas organizadas por la Consejería de Vivienda, de cara a servir de puente y apoyo entre los ciudadanos ubriqueños y los técnicos de la Junta de Andalucía.
Recordar que el Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda como indica la Consejera “ha supuesto un cambio de paradigma en la forma de hacer política contra los desahucios, al demostrar que la neutralidad entre la entidad financiera y la familia en riesgo de desahucio era una opción que tomaban las administraciones, no una postura inevitable”, de igual forma la consejera ha recalcado que esta es una herramienta “paliativa”, mientras que la Ley de Función Social de la Vivienda, aprobada el pasado 25 de septiembre, es “profundamente transformadora y sí altera de forma definitiva el statu quo”.
Así mismo, el recurso del Gobierno de Mariano Rajoy ante el Tribunal Constitucional, presentado el 9 de julio, provocó la suspensión del Decreto de Función Social de la Vivienda, que ahora ha sido aprobado como Ley en el Parlamento. La nueva norma amplía los supuestos para acogerse a la expropiación del uso de viviendas para evitar desahucios, incluyendo a avalistas, autónomos y atrapados por las hipotecas puente.
De igual forma, un eventual recurso a la Ley, sería injusto porque se trata de una norma a todas luces constitucional, y supondría ponerse de parte de las élites financieras y de los fondos buitre que están haciendo negocios redondos comprando a precio de saldo las viviendas del banco malo para especular».