El Juzgado de lo Penal nº 3 de Jerez de la Frontera ha dictado sentencia en el caso conocido como «Operación Pinsapar», relativo a un proyecto de construcción de viviendas que invadían el cauce del río Guadalete en Grazalema. La sentencia se ha producido 17 años después de los hechos denunciados.
Al conocer el fallo, el colectivo Ecologistas en Acción difundió el 13 de enero de 2024 un comunicado en el que afirma que el Juzgado ha «condenado a los implicados en el caso de corrupción urbanística en Grazalema, conocido como Operación Pinsapar, a penas mínimas, fundamentalmente debido a la dilación indebida, ya que se ha tardado 17 años en juzgarse. Los delitos de corrupción siguen saliendo muy baratos para los corruptos».
Los ecologistas explican en su comunicado: «Esta causa tiene su origen en las denuncias presentadas por Ecologistas en Acción por el desvío del río Guadalete en pleno casco urbano de Grazalema para permitir la construcción de un bloque de viviendas. Este edificio inició su construcción con licencia de obras concedida por el Ayuntamiento en agosto de 2005, siendo alcaldesa Mª José Lara. Un bloque anterior colindante, de la misma promotora, y también ilegal, contó con licencia de su antecesor Antonio Mateos».
Según los ecologistas, «en la sentencia consta, como hechos demostrados, que el técnico municipal Juan Prieto trabajaba en el despacho del arquitecto Antonio Sebastián del Canto, y fueron autores del proyecto de viviendas que invadían el cauce del río Guadalete, y que Prieto lo informó favorablemente, cobrando del estudio de arquitectura». Según la sentencia, “éste era el modo de proceder habitual del acusado Juan Prieto quien reclamaba comisiones o regalos por informar positivamente las licencias de obras que entraban dentro de su ámbito de competencias”.
Raúl Gascón y Rafael Torres (de la familia propietaria del club de fútbol Getafe) eran los administradores de la empresa Inmocentral RTS 2025 S.L., «promotora de los dos bloque de viviendas ilegales», según afirma el grupo ecologista, que añade: «Uno se llegó a construir, pero con cuatro viviendas y varios garajes de más, sin que actuara el técnico municipal ni el entonces alcalde Antonio Mateos, pese a la visibilidad de la promoción ilegal en la plaza de La Asamblea. La segunda promoción necesitó de la desviación del río Guadalete, sin que tampoco actuara el técnico ni la entonces alcaldesa Mª José Lara, pese a la enorme dimensión de la obra del río y del bloque de viviendas. Juan Prieto solicitó tanto al constructor como a los promotores 36.000 € por no informar de las ilegalidades, recibiendo el soborno en especie, con la demolición de una vivienda en ruinas que tenía en la Ribera del Gaidovar, y la construcción de una nueva de mayor superficie, todo con su propio informe favorable».
Ecologistas en Acción, recogiendo lo que dice la sentencia, afirma además: «Otros dos procesados han sido Cristóbal David Barrera, administrador de la empresa constructora Dabasal S.L., y su hijo Daniel David Salguero, administrador de la empresa constructora Multiprof, que ejecutaron las obras de los bloques de vivienda en el río y de la vivienda ilegal de Juan Prieto».
Este colectivo recuerda que «los casos de corrupción en la oficina técnica del Ayuntamiento de Grazalema venían siendo denunciados por Ecologistas en Acción ante el Ayuntamiento desde 2002, pero Antonio Mateos y Mª José Lara, en vez de actuar contra la trama corrupta, decidieron emprenderla contra el denunciante, con amenazas a Juan Clavero y a su familia, que llegaron al extremo de, en vez de ordenar la demolición de los edificios ilegales, ordenaron la de la vivienda de Juan Clavero en Benamahoma. También habría que recordar que el PSOE, en vez de exigir responsabilidades políticas a ambos regidores por este grave caso de corrupción, lo que hizo fue amparar a ambos, y les facilitó -vía Diputación provincial- una defensa legal gratuita».
Cuando Ecologistas en Acción difundió «el escandaloso hecho del desvío del río Guadalete, Mª José Lara siguió defendiendo su legalidad, pero ante el escándalo suscitado, terminó por paralizar las obras en octubre de 2005, lo que no evitó que fuera imputada junto a su tío y predecesor en el cargo Antonio Mateos». Según los ecologistas, «a pesar de que ambos aprobaron las licencias de obras ilegales y permitieron su ejecución, se levantó la imputación porque desconocían lo que firmaban, argucia tantas veces invocada por los responsables políticos implicados en casos de corrupción».
El comunicado añade: «El esperpento llegó al límite de que los promotores y constructores se dirigieron a la alcaldesa para advertir que ya habían pagado la mordida al técnico para que se permitieran las obras ilegales, terminando este caso de corrupción en el juzgado de Ubrique en 2006. El caso ha tardado 17 años en juzgarse, lo que, como en tantos casos de corrupción, ha llevado a que se rebajen las penas por dilación indebida».
En la sentencia se condena a las siguientes personas:
- Juan Prieto: por sendos delitos de prevaricación, cohecho activo continuado y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos a penas de un año de prisión, multa de 16.762 € y 50 meses y 15 días de inhabilitación para ejercer cargo público relacionado con el urbanismo.
- Antonio Sebastián del Canto: por sendos delitos contra la ordenación del territorio y cohecho pasivo a penas de cinco meses y medio de prisión, multa de 5.040 € y 12 meses y 15 días de inhabilitación para ejercer profesión relacionada con la arquitectura.
- Cristóbal David Barrera: por sendos delitos contra la ordenación del territorio y cohecho pasivo a penas de cinco meses de prisión, multa de 8.040 € y seis meses de inhabilitación para ejercer profesión relacionada con la construcción.
- Rafael Torres y Raúl Gascón: por sendos delitos contra la ordenación del territorio y cohecho pasivo a penas de cinco meses de prisión, multa de 8.040 € y 14 meses de inhabilitación para ejercer profesión relacionada con la construcción y promoción.
- Para Daniel David Salguero se declaró la extinción de responsabilidad penal por prescripción.
En todos los casos se suspenden las penas privativas de libertad.
Ecologistas en Acción recibe esta sentencia con «un sabor agridulce». Los ecologiastas explican: «Por un lado, han quedado demostrados todos los hechos que denunciamos en su momento, y por los que fuimos vilipendiados y amenazados por los responsables municipales de Grazalema y del PSOE; por otro, las livianas penas y la tardanza en juzgarse ha llevado a la sensación de impunidad de los implicados, llegando en el caso del ex alcalde y de la ex alcaldesa que ampararon estos casos de corrupción a que ni siquiera hayan sido juzgados».
Declaración de Juan Clavero (Ecologistas en Acción) valorando la sentencia.
