El último análisis de FACUA-Consumidores en Acción sobre la evolución de la tarifa semirregulada PVPC pone de manifiesto que la factura eléctrica del usuario medio en lo que va de enero representa ya casi 88 euros, por lo que de mantenerse los precios del kilovatio hora (kWh) de los primeros 14 días del mes sería la segunda más cara de la historia. En un comunicado difundido el 14 de enero de 2021, esta entidad de consumidores con sede en Andalucía señala: «El encarecimiento interanual del precio del kWh de electricidad en lo que va de de 2021 se sitúa en el 40,0%. La tarifa media del kWh representa 18,78 céntimos (impuestos indirectos incluidos), frente a los 13,41 céntimos del mismo periodo del año pasado. La salvaje subida en el kWh provoca que la factura mensual del usuario medio representaría 19,65 euros más que hace un año. Así, el recibo supondría 87,92 euros, un 28,8% por encima de los 68,27 euros que pagaba el mismo usuario con las tarifas de los primeros 14 días de enero de 2020.
La factura más cara de la historia fue la fijada por el Gobierno -hasta 2014 se publicaba en el BOE- entre enero y marzo de 2012, cuando ascendió a 88,66 euros. En segundo lugar estaba la de enero de 2017, que se situó en 87,81 euros y que de manenerse las cifras de los primeros 14 días del año sería superada por la de este mes. La siguiente fue la de septiembre de 2018, que representó 83,55 euros».
El comunicado añade: «El perfil de usuario medio utilizado por FACUA es el resultado del análisis de varias decenas de miles de facturas de viviendas habitadas. Consume 366 kWh mensuales y tiene una potencia contratada de 4,4 kW.
FACUA ha solicitado una reunion a la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, para exponerle las reivindicaciones de la asociación en materia de política energética y conocer las actuaciones que tiene previsto desarrollar el Gobierno a corto plazo.
FACUA recuerda que PSOE y Unidas Podemos anunciaron que procederían a «modificar la factura eléctrica» con los objetivos de «reducir el porcentaje que representa el término de potencia» y «que el término variable de la componente regulada sea incremental en función de la energía consumida, de forma que el coste a pagar por las personas consumidoras por los primeros kWh sea inferior a los siguientes, incentivando la eficiencia energética».
También se comprometieron las dos formaciones a emprender «los cambios normativos necesarios en relación con el funcionamiento del mercado eléctrico para acabar con la sobrerretribución (conocida como ‘beneficios caídos del cielo’ que reciben en el mercado mayorista determinadas tecnologías que fueron instaladas en un marco regulatorio diferente, anterior a la liberalización y que han recuperado sobradamente sus costes de inversión».
Asimismo, el acuerdo firmado por PSOE y Unidad Podemos recogía que impulsarían «la elaboración de normas legales necesarias para reformar el mercado eléctrico, de forma que la reducción progresiva del coste de las energías renovables se traslade al precio de la electricidad, y se garantice la rentabilidad adecuada y el pleno desarrollo de la expansión de las mismas». Concretamente, indicaron que modificarían «los requisitos, reglas y convocatorias de las subastas para la asignación del régimen retributivo específico a nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable, estableciendo como criterio fundamental el coste de generación de cada tecnología y posibilitando la participación de entidades locales, ciudadanas o cooperativas».
FACUA también reclama una bajada sustancial de los impuestos indirectos que se aplican a la factura eléctrica de las familias, que superan el 27%, al sumarse el IVA general del 21% con el impuesto especial sobre la electricidad».